La Legislatura sancionó la ley que crea el “Alerta Sofía”
El Parlamento rionegrino la aprobó en segunda vuelta este jueves. La norma establece un Protocolo Provincial de Activación destinado a la búsqueda, localización urgente y resguardo de personas menores de 18 años desaparecidas o extraviadas en el territorio de la Provincia de Río Negro.
La nueva ley dispone que todas las denuncias deberán ser recibidas inmediatamente por dependencias policiales, judiciales o administrativas, sin exigir un plazo mínimo de espera ni acreditar previamente circunstancias especiales.
La negativa o demora injustificada para tomar una denuncia será considerada una falta grave. Una vez recibida, las autoridades deberán comenzar de manera inmediata las actuaciones de búsqueda, localización y resguardo.
La activación de la Alerta Sofía tendrá que ser evaluada dentro de las tres horas posteriores a la denuncia. Podrá disponerse inmediatamente cuando exista un peligro inminente para la vida o integridad de la persona desaparecida o cuando se trate de una persona con discapacidad.
El sistema se aplicará cuando la persona buscada tenga menos de 18 años, exista una denuncia formal, se presuma un riesgo grave, haya datos suficientes para identificarla y la difusión pública pueda contribuir a encontrarla.
Otras leyes sancionadas
La Legislatura sancionó también la ley que crea un registro provincial en el que las personas podrán dejar asentada anticipadamente su decisión de no recibir transfusiones sanguíneas por razones religiosas o de conciencia.
Quedó creada por ley además la Fiscalía Descentralizada y la Defensoría Penal con asiento de funciones en la localidad de Sierra Grande, en el ámbito del Ministerio Público.
Otra ley sancionada crea la Red Provincial de Atención Integral de la Menopausia y el Climaterio e instituye el 18 de octubre de cada año como Día Provincial de la Menopausia.
También se sancionó la propuesta que declara de interés ambiental, educativo y cultural la difusión, observación y valorización del ave autóctona churrinche -Pyrocephalus rubinus-, que habita en la provincia.
Otro de los proyectos aprobados en segunda instancia es el que declara Ciudadanos Ilustres al doctor Alberto Ticlo López Kruuse, arquitecto Oscar Sanguinetti y a Néstor Gómez, en reconocimiento a sus trayectorias como cofundadores de la Regata Internacional del Río Negro. También recibió el apoyo en segunda instancia la misma distinción para la señora Nilda Nervi de Belloso.
Finalmente fueron sancionadas las leyes que declaran “Monumento Histórico Provincial” a la edificación histórica denominada Anfiteatro Municipal “Cono Randazzo”, ubicada en Villa Regina; y la que otorga carácter de fiesta provincial a la “Fiesta de la Chicha”, que se celebra anualmente en Mallín Ahogado, ejido municipal de El Bolsón.
Traspaso del Fondo para la Vivienda y Turismo Social
Por otra parte, el Parlamento aprobó una resolución que pone fin a la intervención del Fondo para la Vivienda y Turismo Social del Personal Legislativo de Río Negro (que estaba intervenido desde la Resolución 339/2014) y organiza el traspaso ordenado de su administración de vuelta a APEL (Asociación Personal Empleados Legislativos).
Con esta medida, se crea una Comisión Normalizadora y de Transición -integrada por representantes de la Legislatura, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el Ministerio de Economía provincial, APEL y su Comisión Revisora de Cuentas-, que actuará por 60 días corridos (prorrogables por igual plazo) con el objetivo de redactar un nuevo reglamento de administración del Fondo y restituir de forma progresiva y exclusiva su manejo al gremio APEL.
Durante ese período de transición, las cuentas del Fondo en el Banco Patagonia S.A. quedarán bajo un régimen de firmas conjuntas e indistintas entre un representante del Poder Legislativo y uno de APEL, impidiendo que cualquiera de las partes libere fondos de manera unilateral. Una vez cumplido el plazo y verificado el plan de regularización, la Legislatura cesará definitivamente su participación en la co-gestión y devolverá a APEL la administración plena y exclusiva del Fondo, quedando esta última obligada a rendir cuentas anualmente ante el Poder Legislativo.