Proponen limitar los intereses de las deudas de luz, gas y agua en Río Negro

Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone establecer nuevos límites a los intereses y cargos que las empresas prestatarias pueden aplicar en los planes de pago de facturas de luz, gas natural y agua. La iniciativa busca evitar que las deudas por servicios básicos se incrementen por encima de determinados parámetros y reforzar la protección de los usuarios en situación de vulnerabilidad.

La propuesta fue impulsada por los legisladores del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro Leandro García, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Alejandra Mas, y plantea modificar la Ley Provincial N.º 5860, que establece medidas de protección para usuarios vulnerables, entre ellas la suspensión de los cortes de suministro y la obligación de ofrecer planes de pago.

Uno de los puntos centrales del proyecto es establecer un límite al costo financiero de los acuerdos. Según sus autores, la legislación vigente no fija un tope específico para los intereses y otros cargos aplicados a estos planes, lo que puede convertir una herramienta de protección en un mecanismo de endeudamiento creciente.

La iniciativa dispone que los intereses, gastos administrativos, comisiones y demás cargos no podrán superar la variación interanual proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período de financiación.

Además, mantiene el límite de las cuotas mensuales, que no podrán superar el 20% del importe de la factura de mayor costo del usuario.

Deudas prescriptas y mayor información para los usuarios

Otro aspecto relevante de la reforma apunta a evitar que la solicitud de un plan de pago implique el reconocimiento de obligaciones que ya se encuentran prescriptas.

Los legisladores proponen modificar el artículo 7° de la Ley 5860, al considerar que el acceso a un beneficio previsto por la normativa no debería significar una renuncia involuntaria a los derechos de los usuarios.

En ese sentido, el proyecto establece que las deudas prescriptas no podrán incorporarse a los planes de financiación ni utilizarse como condición para mantener o recuperar el suministro de los servicios.

También incorpora nuevas exigencias de información para las empresas antes de que los usuarios acepten un acuerdo. Las prestatarias deberán comunicar de manera clara el monto total adeudado, la cantidad y el valor de las cuotas, la tasa de interés, el costo financiero total y el importe final que deberá abonarse.

La propuesta establece que la falta de información impedirá aplicar cargos que no hayan sido comunicados previamente.

Más sanciones para las empresas que incumplan

El proyecto también contempla ampliar el régimen de sanciones para las empresas que no respeten las condiciones establecidas en la ley.

Actualmente, la normativa prevé una multa conminatoria de 50.000 pesos diarios para las prestatarias que nieguen el acceso al beneficio. La reforma propone incorporar otras medidas, como apercibimientos, multas, nulidad de cargos, publicación de las sanciones y devolución de los importes cobrados indebidamente, con un recargo del 50%.

En los casos de reincidencia, las multas podrán duplicarse

Respecto de los planes de pago que ya fueron otorgados, la iniciativa establece que continuarán vigentes, aunque no podrán incorporar nuevos costos que superen los límites propuestos. Además, las empresas deberán adecuar de oficio los saldos pendientes para ajustarlos a las nuevas condiciones.

Los autores solicitaron el acompañamiento de los distintos bloques legislativos y fundamentaron la iniciativa en la necesidad de garantizar el acceso a los servicios esenciales y evitar que las dificultades económicas de los usuarios se profundicen por las condiciones de financiación de sus deudas.

El proyecto busca reforzar las herramientas de protección para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y establecer mayores obligaciones de transparencia y control sobre las empresas prestatarias de servicios públicos.